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Lunes, 07 de Marzo de 2022 20:29

Denunciamos la deficiente gestión del permiso por Riesgos Laborales de las docentes embarazadas

 

Coincidiendo con la celebración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el STEC-IC ha presentado una denuncia formal ante la Diputación del Común y el Instituto Canario de Igualdad en relación a la deficiente gestión por parte de la Consejería de Educación del permiso de Riesgos Laborales para las docentes embarazadas, denunciando, además, como los diferentes procedimientos que se llevan a cabo por Quirón Prevención y la Mutua de Accidentes de Canarias, se alargan en el tiempo de manera innecesaria e injustificada.

 

Publicitamos el contenido literal de la denuncia presentada ante ambos organismos:

 

"A/A Diputación del Común

A/A Instituto Canario de Igualdad

 

Desde el curso escolar 2020-2021 y parte del curso 2021-2022, la Consejería de Educación tramita dichos permisos con notable e injustificada lentitud. Esto ocasiona en las docentes un riesgo real por las condiciones en las que se ven obligadas a ejercer su trabajo. Los trámites burocráticos impiden recibir el permiso de riesgos en el embarazo en un tiempo prudencial. Cuando se inicia el curso escolar y a lo largo del mismo, cada docente debe notificar su estado de embarazo para que a su vez dé comienzo el protocolo de prevención para el desempeño de su puesto de trabajo. La notificación del estado de embarazo es desde un principio un proceso burocrático arduo y muy lento.

 

El primer trámite, que lo marca el servicio de prevención, se realiza con inmediatez, los problemas aparecen con los servicios externalizados (Quirón Prevención y Mutua de Accidentes Canarios). Son estos servicios, los que hacen que el permiso no se conceda en tiempo y forma como se debiera. En ambos casos, las docentes embarazadas ven como los plazos se alargan hasta 1 mes para ser citadas, y además se le requiere documentación que no procede sin que se le suministre la información necesaria para llevar a cabo el procedimiento lo antes posible. 

 

Queremos denunciar y hacer visible como los servicios externalizados de índole privada se dedican a dilatar el procedimiento con el agravante que se trata de docentes que se encuentran en riesgo físico real por el puesto que desempeña. 

 

Podemos citar, entre otros, distintos ejemplos para visualizar mejor el problema señalado: 

 

Docente de Educación Especial: muchas trabajan con alumnado NEAE o en Centros de Educación Especial, cuyas condiciones son más complejas y su integridad física se puede ver seriamente afectada. 

 

Docente de Educación Infantil, que no debe permanecer en el centro más allá de la semana 22 de gestación por las características de puesto de trabajo que desempeña. 

 

Docentes de Formación Profesional: muchas docentes de especialidades de formación profesional deben exponerse a diario, a pesar de su estado de gestación, a radiaciones, gases y vapores, productos químicos y bacteriológicos o realizar esfuerzos nada recomendables. 

 

La realidad que viven las docentes embarazadas desde que notifican el estado de embarazo hasta que en realidad son atendidas es desgraciadamente tan ardua que muchas terminan en una Incapacidad Temporal. 

 

En ningún caso, se debe consentir que esta situación siga produciendose y que se perpetúe una clara discriminación de género sobre derechos reconocidos. 

 

El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, con todo lo que acarrea, debe analizar los resultados de la evaluación y, si se revelase un riesgo para la seguridad y la salud o una posible repercusión sobre el embarazo o lactancia de las citadas trabajadoras, el empresario o la empresaria adoptará las medidas necesarias para evitar la exposición a dicho riesgo, a través de una adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo de la trabajadora afectada. (Art. 26.1 Ley de Prevención de Riesgos Laborales). 

 

Como quiera que la situación relatada entendemos supone una vulneración flagrante de las obligaciones que cualquier Administración pública tiene para sus trabajadoras y considerando que, además, ello puede vulnerar la legalidad vigente, solicitamos la intervención de La Diputación del Común y del Instituto Canario de Igualdad al respecto de todo lo expuesto, quedando a su entera disposición para cualquier cuestión o ampliación de información que se considere oportuna". 

 

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