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Lunes, 19 de Agosto de 2013 21:44

Comunicado sobre las condiciones laborales del profesorado

EL STEC-IC CONSIDERA QUE EL PROFESORADO YA NO PUEDE AGUANTAR MÁS

La situación es cada vez más crítica, pero las administraciones educativas viven alejadas de la realidad de los centros educativos, del alumnado y del profesorado

El STEC-IC, organización sindical mayoritaria del profesorado, ha realizado un balance acerca de las condiciones laborales del profesorado en los centros educativos públicos de Canarias. El resultado no puede ser más desolador. Desde hace más de una década, la inversión en educación se ha venido reduciendo de manera paulatina, ello ha supuesto que, poco a poco, el profesorado se haya ido quedando sin medidas de apoyo al alumnado con mayores dificultades y se hayan ido incrementando las ratios y la sobrecarga laboral. Sin embargo, desde el año 2008 hasta ahora, aprovechando la socorrida excusa de la crisis, tanto el gobierno central –PSOE, hasta diciembre de 2010 y PP, a partir de esa fecha- como el autonómico –CC/PP, hasta junio de 2010 y CC/PSOE, desde entonces- han radicalizado sus políticas antisociales y de recorte.

Este recrudecimiento de los recortes ha puesto a todo el sistema educativo contra las cuerdas y ha colocado al profesorado ante el dilema de cumplir con su cometido con profesionalidad y responsabilidad o tener que ir, incluso, más allá para paliar los daños que provoca en el alumnado la dejación de funciones de la propia administración. Lógicamente, nadie obliga a ningún docente a asumir el compromiso de compensar con su esfuerzo y dedicación la desidia de los distintos responsables políticos, pero el profesorado está, por lo general, mucho más concienciado de la importancia de la labor social que debe cumplir el sistema educativo que los propios gobernantes. Esa responsabilidad, inherente a la cualidad humana que siempre ha caracterizado a los docentes, les ha llevado en muchas ocasiones a sobrepasar la delgada línea que separa el ámbito profesional del personal y familiar, llegando a extremos en los que la propia salud se ha visto comprometida. Es por eso que afirmamos que los docentes canarios ya no pueden soportar más esta situación de sobrecarga laboral que raya en la explotación por medio del chantaje que supone saber que ya ni siquiera pueden hacer su trabajo lo mejor que saben, sino que tendrán que conformarse con hacerlo lo mejor que les dejan, sabiendo además, que de ello depende el futuro de cientos de miles de niños y adolescentes.

 

Muchos han sido los derechos y condiciones laborales que han empeorado para el profesorado o que, directamente, han sido eliminados. Unos tienen que ver con el ámbito estrictamente laboral: salarios, jornada, funciones y obligaciones, etc. Otros, en cambio, tienen que ver con el ámbito del desempeño de su labor profesional: apoyo en el aula, atención al alumnado, recursos didácticos, formación del profesorado, etc. Sin embargo, unos y otros redundan, indiscutiblemente, en un progresivo deterioro de la satisfacción de los docentes y de la calidad de su labor.

A modo de ejemplo vamos a citar sólo algunas de dichas medidas, porque citarlas todas sería imposible: incremento de la jornada laboral (tanto del horario lectivo como del de permanencia en el centro); más tareas burocráticas, que distraen al docente de su verdadera función; eliminación o reducción de una gran parte de las medidas de atención a la diversidad (agrupamientos flexibles, diversificación curricular, profesorado de apoyo en el aula…); disminución de profesionales para orientar y atender al alumnado con mayores dificultades (auxiliares educativos, profesorado de pedagogía terapéutica, orientadores/as…); drástica reducción de las dotaciones y de los presupuestos de funcionamiento de los centros; incremento de ratios (tanto el alumnado por aula como por docente); reducción de la oferta educativa en las etapas no obligatorias; sustitución de grupos de FP presencial por FP a distancia o FP Dual, con el único objetivo de reducir la plantilla docente; despido de profesorado interino que es sustituido por el incremento de la jornada lectiva del resto del profesorado y por horas extraordinarias en determinadas enseñanzas; cese anticipado del profesorado interino al que se le ha hurtado el derecho a percibir el salario correspondiente a los dos últimos días de contrato por ser sábado y domingo (esta medida no tiene precedentes dentro del ámbito docente en Canarias); drástica reducción salarial por enfermedad, obligando al profesorado a acudir a clase estando enfermo con el consiguiente perjuicio para sí mismo, para el resto de docentes y para el alumnado; temeraria convocatoria de oposiciones, a destiempo y con el riesgo de reordenación de listas según una normativa declarada nula por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias; eliminación de la paga extra de diciembre, que se suma a la reducción salarial de entre un 5 y un 7 por ciento aplicada a partir de 2010 y a la pérdida de poder adquisitivo de más de 20 puntos porcentuales que ya se venía acumulando desde hace varias décadas.

Además de todas estas medidas, hay que tener en cuenta la absoluta falta de consideración manifestada por el gobierno estatal hacia el sistema educativo al pretender imponer la nueva Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), que es de todo menos de calidad y que redundará en un mayor deterioro de las condiciones laborales del profesorado.

Asimismo, cabe mencionar la bochornosa falta de previsión y la escasa solvencia para la gestión mostrada por el gobierno autónomo, que se pone de manifiesto en actuaciones tan absurdas como: el adelanto de la PAU al mes de Julio; la ausencia de un protocolo de actuación en caso de alerta meteorológica; la falta de capacidad para resolver las demandas y consultas planteadas por los centros, llegándose, en algunos casos, a la total inhibición por parte de los responsables de la administración, provocando que muchos conflictos se hayan tenido que resolver por la vía judicial, y que otros estén todavía empantanados a la espera de que sea la justicia la que tome una decisión que debiera haber tomado, diligentemente, la administración.

Como se puede apreciar, los recortes y la pérdida de derechos del profesorado no tienen su origen en un único ámbito, pues proceden tanto del gobierno estatal como del autonómico e independientemente de cuál haya sido la “sopa de siglas” –PP, PSOE, CC- gobernante en cada momento.  Por supuesto, tampoco tienen su origen únicamente en la situación económica, pues algunas de estas medidas fueron adoptadas en épocas de “expansión económica”, hace más de una década, si bien entonces intentaban ser más sutiles, al no disponer de un argumento tan conveniente como el “comodín de la crisis”.

Por todo ello, el STEC-IC advierte de la tremenda imprudencia que cometen las administraciones educativas (MEC y Consejería de Educación) sometiendo al profesorado a este injusto acoso que, además, repercute negativamente en la educación de nuestro alumnado.

Sin embargo, mucho nos tememos que el próximo curso arranque con nuevas y sorprendentes medidas de recorte con el consiguiente incremento del daño que ello supondrá para los docentes y para toda la sociedad. El STEC-IC, estará vigilante y no dudará en adoptar las medidas que se estimen convenientes para evitar que se siga ahondando en la destrucción de empleo, el deterioro de las condiciones laborales de los docentes y de la calidad del sistema educativo. Canarias no merece que se juegue tan irresponsablemente con el futuro de nuestros jóvenes que, en definitiva, es el de toda la sociedad.

Canarias, a 19 de agosto de 2013

SECRETARIADO NACIONAL DEL STEC-IC

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