EL CONSEJO ESCOLAR Y EL CLAUSTRO DE PROFESORES/AS DEL IES PLAYA DE ARINAGA CONTRA LOS RECORTES

El Consejo Escolar y el claustro de profesor@s del IES Playa de Arinaga quieren manifestar públicamente su rechazo a los duros recortes que se vienen realizando en el conjunto de los servicios públicos de este país.

Nuestro centro, por denunciar datos concretos, ha visto reducido a la mitad su presupuesto de funcionamiento en los últimos dos años. Los proyectos de mejora, que propiciaban múltiples actividades innovadoras, salidas extraescolares y experiencias de atención a la diversidad, han desaparecido. El laboratorio, la biblioteca o las aulas de informática, van quedando desfasadas y obsoletas ante la falta de medios para su actualización y mantenimiento. El número de alumnos por aula crece cada año en la misma proporción que disminuyen los recursos para atender su diversidad o desfase.
Entendemos que la enseñanza pública, la que acoge a todas y todos, debe contar con los medios y condiciones necesarias para cumplir con una de las funciones que cualquier sociedad democrática avanzada más demanda: compensar las desigualdades sociales que se presentan en su seno, mediante el desarrollo de programas de calidad y equidad educativa.
Conscientes del momento trascendental que estamos viviendo, en el que los recortes presupuestarios experimentados en la enseñanza pública hacen peligrar derechos y condiciones básicas conquistadas a lo largo de muchos años de trabajo y lucha del conjunto de la sociedad

MANIFESTAMOS:

1. Nuestro desacuerdo con las políticas de desprestigio, recorte y precarización de los servicios públicos; estrategia perfectamente planificada para justificar socialmente la necesidad de concertar o privatizar dichos servicios para negocio y enriquecimiento de unos pocos.
2. Nuestro rechazo al anteproyecto de ley para la reforma del sistema educativo (LOMCE) que, además de avanzar en la privatización del servicio público educativo, contempla un programa de reformas reaccionarias que, entre otras medidas, implicaría la reducción de las inversiones educativas en 9.000 millones de euros. (Ello supondría reducir la inversión educativa actual del 4,9% del PIB hasta el 3,9%).
3. Nuestra oposición a que se utilice dinero público para favorecer intereses particulares. Exigimos a los responsables políticos, como ciudadanos contribuyentes y como actores comprometidos con la formación de las generaciones futuras, que se garantice la inversión necesaria para preservar el derecho constitucional de nuestra juventud a una educación pública, gratuita y de calidad.

En Arinaga, a 6 de marzo de 2013.