El plazo para realizar la autorización telemática es de 10 días lectivos por lo que finaliza el próximo 15 de enero.

El trámite se puede efectuar a través de este enlace.

Aclaración: Una vez en dicha página web debe pincharse en “Consulta y actualización de datos de docentes” e introducir el número de documento y la clave en el Sistema de Control de Acceso (SUA). Dentro del apartado “Consulta / modificación de datos personales” deberá marcar la opción correspondiente en la casilla “Consiento el acceso, por parte de la Dirección General de Personal, a mis datos en el Registro Central de delincuentes sexuales o, con carácter transitorio, mientras dicho registro no esté habilitado, la consulta en el Ministerio de Justicia de los datos relativos a mis antecedentes penales”.

Desde el STEC-IC rechazamos la petición masiva de certificado de antecedentes penales a todo el personal educativo de Canarias, realizada por la Consejería de Educación, a través del envío de una circular a los directores de los centros educativos.

Consideramos que tal inadecuada actuación, realizada a espaldas de las organizaciones sindicales, es producto de una equivoca interpretación de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia que regula el denominado futuro "Registro central de delincuentes sexuales", aún no concretado en la práctica.

El Consejo de Ministros aprobó recientemente la creación del citado Registro, a través del cual se podrá tener constancia específica de aquellas personas que, por su condena penal por motivos sexuales, no pueden tener relación con menores en el ámbito laboral. Sin embargo, la Consejería no ha esperado a que se concreten los cauces específicos a través de los cuales se podrá dar cumplimiento a la normativa. Por el contrario, ha emprendido una inexplicable campaña de petición de un certificado de antecedentes penales general, para comprobar si en cada uno de ellos existe ese tipo de delitos.

Para el STEC-IC, esta burda e irrespetuosa actuación, realizada sin ningún tipo de información ni negociación previa con las organizaciones sindicales, vulnera el derecho a la intimidad y la protección de datos, por lo que solicitamos su inmediata retirada, al tiempo que anunciamos que exigiremos explicaciones a la Consejería de Educación, sin menoscabo de emprender las acciones judiciales que procedan.