EL STEC-IC RECLAMA AL GOBIERNO DE CANARIAS Y A LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN LA APUESTA DECIDIDA POR UNA LEY CANARIA DE EDUCACIÓN Y EL MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LAS OFERTAS EN TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS PARA IMPEDIR LA PRIVATIZACIÓN CONTEMPLADA EN LA LOMCE
El incremento de las plantillas docentes, la estabilidad del profesorado interino, la disminución de las ratios, la recuperación progresiva de todo lo recortado y el aumento de la inversión educativa vaciarían gran parte del contenido de la Ley del PP.
En manos del Gobierno de Canarias y de la Consejería de Educación está el impedir y vaciar de contenido la nueva Ley de educación aprobada por el PP a espaldas de toda la comunidad educativa. La LOMCE faculta tanto a las Administraciones educativas como a los agentes privados para regular y prestar los servicios educativos. Esta Ley, que pretende implantar el Gobierno estatal del PP en el curso escolar 2014/15, le abre totalmente la puerta a los nuevos empresarios de la educación para construir centros educativos privados en suelo público y estar sostenidos con fondos también públicos, así como a concertar a aquellos centros privados que acrediten tener alumnado suficiente. Además, amplía la duración de los conciertos y contempla a la par como novedad la concesión de conciertos en los Bachilleratos, la FP Básica, en los ciclos de la FP, y a los centros que segregan al alumnado por sexos. Si a esto le añadimos que ni la educación infantil, ni las Enseñanzas de Adultos, ni de Artes, entre otras, son consideradas como responsabilidad del Gobierno estatal, y que el director/a de un centro público o privado puede gestionar sus recursos humanos, materiales y financieros, se podrá concluir que la LOMCE desmantela la educación pública, no garantiza el derecho a la educación pública del alumnado y provocará despidos masivos, y traslados y movilidad forzosos del profesorado.
El Gobierno de Canarias y la Consejería de Educación, que tienen las competencias transferidas en el ámbito educativo, deben apostar decididamente por una Ley Canaria de Educación que ya tiene un amplio respaldo social a través de la ILP que se tramitó en el Parlamento de Canarias avalada por 35.000 firmas e impedir así la desaparición del servicio público y garantizar el derecho a la educación pública de la población de Canarias. La única manera de conseguir estos objetivos es fortaleciendo las ofertas educativas, asumiendo como Administración la oferta de plazas públicas en todos y cada uno de los niveles de la educación pública. Tanto en los niveles considerados por la LOMCE como obligatorios como los no obligatorios o enseñanzas de régimen especial.
El STEC-IC le reclama al Gobierno del PSOE-CC una nueva hoja de ruta frente a los despropósitos del Gobierno estatal del PP. La defensa del servicio público pasa inevitablemente por asumir su responsabilidad y demostrar la apuesta real por el carácter público de la educación en Canarias. Es obligación del Gobierno la planificación y la financiación de las ofertas educativas. De lo contrario, el Gobierno de Canarias sería el responsable de no garantizar la educación pública a la población, además de los despidos masivos de docentes interinos y funcionarios de carrera que conllevaría la entrega de la prestación y regulación educativa a los agentes privados.
El curso académico 2014/15 puede marcar un antes o un después. O se retrocede en la formación y en el aprendizaje de la población a años luz, o se avanza paulatinamente en la defensa de su mejora y calidad. Esta nueva hoja de ruta debería de contemplar un incremento de las plantillas docentes, un plan de estabilidad para el profesorado interino, la disminución de las ratios, la recuperación progresiva de lo recortado, en aras a dignificar y mejorar la labor docente, las condiciones laborales de los trabajadores/as de la enseñanza y que dicha inversión redunde en la calidad educativa de los auténticos beneficiarios de la educación: el alumnado.
El STEC-IC le ha trasladado al consejero de educación, José Miguel Pérez, y al presidente del Gobierno, Paulino Rivero, estas propuestas para el curso 2014/15. No vale culpabilizar al gobierno estatal del PP y no poner remedios frente a una Ley, la LOMCE, que supondría la eliminación de un derecho tan fundamental para la población como es el derecho a la educación pública y gratuita.
El STEC-IC llama a las comunidades educativas a forjar un frente común en contra de la aplicación de la LOMCE.
SECRETARIADO NACIONAL DEL STEC-IC CANARIAS, 9 DE ENERO 2014