La Consejería de Educación ha aplicado desde el inicio de curso nuevas normas de organización y funcionamiento en los centros públicos basándose en un borrador y, cuando lo publica en el BOC y lo eleva a Orden, lo hace con carácter retroactivo.

Los servicios jurídicos del STEC-IC han procedido a impugnar judicialmente, a través de la interposición de un recurso contencioso-administrativo, la Orden del 9 de octubre de 2013 por la que se desarrolla el Decreto 81/2010 en la que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Centros Públicos no Universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, ya que considera que existe una quiebra de los principios de seguridad jurídica y de irretroactividad de las normas.

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