El STEC-IC solicita la revisión del protocolo ante el riesgo suicida en los centros educativos y recurre a la Diputación del Común.

El sindicato advirtió que la detección e intervención ante conductas suicidas no puede recaer sobre el profesorado, que carece de formación clínica y  de recursos especializados para ello.

La queja formal presentada por el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza de Canarias (STEC-IC) ante la Diputación del Común ha dado sus frutos. La institución ha puesto en marcha un grupo de trabajo específico para analizar el protocolo de actuación ante el riesgo suicida en los centros educativos públicos de Canarias, cuyo diseño actual atribuye al profesorado funciones que, por su naturaleza técnica y clínica, corresponden a los servicios sanitarios.

El STEC-IC había advertido que la normativa impulsada por la Consejería de Educación sitúa a los docentes ante situaciones de riesgo vital para las que no cuentan ni con formación clínica específica ni con el respaldo inmediato de profesionales especializados. El sindicato señaló que esta asignación de responsabilidades puede derivar en errores de detección, con el consiguiente riesgo de alarma innecesaria o infradetección de casos graves, y en una carga emocional desproporcionada para el profesorado.

La Diputada del Común, Lola Padrón, ha reconocido que la estructura actual del sistema educativo no garantiza por sí sola una respuesta preventiva eficaz, y que no puede trasladarse al profesorado la carga de gestionar en solitario situaciones que pueden afectar a la vida de los menores. Padrón ha anunciado la creación del grupo de trabajo con especialistas del ámbito educativo, profesionales de salud mental y representantes sindicales.

El STEC-IC valora positivamente esta iniciativa, que supone un reconocimiento institucional de la complejidad del problema, y reitera su plena disposición a participar en el grupo de trabajo aportando la perspectiva de las condiciones laborales del profesorado. El sindicato insiste en la necesidad de elaborar un nuevo protocolo que delimite con claridad las competencias de cada administración, garantizando una intervención eficaz basada en la coordinación entre educación, sanidad y servicios sociales.

Para el STEC-IC, la protección de la salud y de la vida del alumnado exige recursos, profesionales especializados y protocolos claros, no la transferencia de responsabilidades sanitarias al profesorado
 

A continuación, reproducimos la noticia y, al final, facilitamos el acceso a su contenido completo:

"Desde la Diputación del Común se ha iniciado actuaciones tras la queja presentada por el sindicato STEC-IC en relación con el protocolo de actuación ante el riesgo suicida en los centros educativos públicos de Canarias.

El conflicto se centra en el diseño actual del protocolo impulsado por el Gobierno de Canarias, que establece que el profesorado debe detectar posibles conductas de riesgo en el alumnado mediante herramientas específicas y activar los mecanismos de intervención.

Según el sindicato, este enfoque sitúa a los docentes en una posición para la que no están preparados, al exigirles identificar y valorar situaciones relacionadas con la salud mental sin contar con formación clínica ni apoyo inmediato de profesionales especializados. Esto puede derivar tanto en errores de detección como en una carga emocional elevada para el profesorado, al enfrentarse a situaciones que pueden implicar riesgos graves para la vida del alumnado.

Desde el STEC-IC se advierte de que “el profesorado no dispone de formación clínica específica ni de los recursos técnicos necesarios para asumir la detección e interpretación de indicadores de riesgo suicida en el alumnado”, subrayando que estas funciones deben recaer en profesionales sanitarios cualificados.

El sindicato alerta además del riesgo de que, sin ese respaldo, se produzcan interpretaciones erróneas: tanto sobre detección, que puede generar alarma innecesaria o estigmatización del menor, como infra detección, que puede retrasar la intervención en casos realmente graves.

En este contexto, la Diputada del Común, Lola Padrón, ha explicado que “existen múltiples factores que están influyendo en esta realidad, muchos de ellos relacionados con el uso de las nuevas tecnologías y con la forma en que hoy se comunican y se relacionan los adolescentes”.

“En este contexto, la estructura actual del sistema educativo no garantiza por sí sola una respuesta preventiva eficaz ante conductas de riesgo. La prevención es una responsabilidad del ámbito educativo, pero la intervención especializada debe recaer en profesionales de la salud mental”.

“Actualmente, los centros educativos no cuentan con suficientes especialistas en salud mental, ni existen los recursos necesarios para incorporarlos de manera adecuada. Por ello, es imprescindible articular un mecanismo que garantice la coordinación entre todos los agentes implicados”.

“Ese mecanismo debe permitir detectar de forma temprana a los menores en situación de riesgo, asegurar un diagnóstico adecuado y activar una respuesta coordinada. A partir de ahí, deben intervenir conjuntamente las unidades de salud mental infanto-juvenil, los orientadores y los equipos docentes”.

“No se trata solo de activar protocolos puntuales, sino de construir un sistema que funcione de manera estable y eficaz”.

La Diputada del Común ha insistido además en que “no se puede trasladar al profesorado la carga de gestionar en solitario situaciones que pueden afectar a la vida de los menores. Eso requiere equipos especializados y una respuesta coordinada”.

Asimismo, ha subrayado que algunas de las herramientas actualmente planteadas, como el cuestionario de cribado basado en el modelo Columbia, están generando inquietud en los centros educativos, al considerarse insuficientes como único instrumento para valorar situaciones de riesgo. Su aplicación sin el respaldo inmediato de profesionales de salud mental evidencia la necesidad de revisar su uso y garantizar que se integren dentro de un sistema de intervención más amplio, con apoyo técnico especializado.

“El profesorado quiere hacerlo bien, porque existe una clara vocación de servicio público, pero necesita respaldo, coordinación y recursos para poder actuar con garantías”, ha añadido.

Las actuaciones iniciadas tienen como objetivo evaluar el protocolo vigente y, en su caso, formular recomendaciones que permitan mejorar la respuesta pública ante este tipo de situaciones, garantizando una intervención profesional, coordinada y ajustada a la gravedad de cada caso.

En esta línea, Lola Padrón ha anunciado la creación de un grupo de trabajo con especialistas del ámbito educativo, profesionales de salud mental y representantes sindicales, con el fin de avanzar hacia propuestas que refuercen la prevención desde un enfoque operativo y eficaz.

La institución recuerda que la salud mental en la población juvenil es una preocupación creciente y que la prevención del suicidio exige respuestas coordinadas, recursos suficientes y una clara delimitación de responsabilidades entre administraciones."

La Diputada del Común impulsa un grupo de trabajo para analizar el protocolo de suicidio en las aulas.