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Se trata de un recurso que se ofrece a los centros educativos para registrar las incidencias que generan conflictos y el modo en que se responde para gestionarlos.
Este protocolo se ajusta al Decreto 114/2011 por el que se regula la convivencia en el ámbito educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias.
En él se indican todas las opciones señaladas en el Decreto para actuar ante una conducta contraria a la convivencia.
Ver información en la ventana "Enlaces Relacionados" bajo este texto.
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