El Presidente del Gobierno de Canarias, Sr. Clavijo, en el Parlamento

El STEC-IC considera que las declaraciones del Presidente del Gobierno ante el Parlamento de Canarias son una peligrosa insensatez.

El Presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, ha declarado el pasado martes en sede parlamentaria que la Ley Canaria de Educación no obliga a invertir el 5% del PIB en Educación. Para nuestro presidente, el artículo 72.3 de la Ley Canaria de Educación (LEC) no es más que “una recomendación que no es vinculante ni obligatoria”.

Que un Presidente de Gobierno hable con tanto desdén de una Ley es una insensatez que invita de manera muy peligrosa a que la ciudadanía adquiera la idea de que las leyes se pueden incumplir sin ningún tipo de consecuencias.

Todas las leyes deben ser cumplidas y, cuando no son válidas para el fin que se pretende, se deben cambiar o derogar, pero en ningún caso se puede consentir que nadie se salte a la torera las leyes que no le son de su agrado. Si además, quien se salta caprichosamente la Ley es precisamente quien primero debe dar ejemplo, la situación adquiere dimensiones colosales, pues con qué autoridad moral se le puede exigir a la ciudadanía que cumpla la Ley, si quien se lo exige no la cumple.

El artículo 72 de la citada Ley no es un artículo cualquiera, pues en torno a él gira la posibilidad de contar con recursos para cumplir con el resto de su articulado. No en vano, dicho artículo fue la piedra angular de toda la Ley durante el proceso de negociación previo a su aprobación y en aras a alcanzar un acuerdo, la plataforma que impulsó dicha Ley, de la que el STEC-IC formó parte fundamental, tuvo que rebajar sus expectativas del 7 al 5 por ciento del PIB y ampliar el plazo para alcanzar dicho objetivo de 5 a 8 años. No se trata, por tanto, de un artículo opcional, ni de una recomendación, ni del preámbulo de la Ley o una cláusula adicional sin valor efectivo. Se trata de un artículo de una Ley que obliga a toda la sociedad canaria, y en primer lugar a sus gobernantes.

La estrategia llevada a cabo, tanto durante los años posteriores a la entrada en vigor de la Ley, aquellos en los que CC gobernó en solitario, como en la actual legislatura en la que gobierna en coalición con el PP, ha sido la de desgastar la Educación Pública, recortando el presupuesto educativo y asfixiándola para depauperar su calidad, favorenciendo así a las empresas privadas que hacen negocio con la Educación.

Es una verdadera vergüenza que mientras los centros educativos presentan serias deficiencias en sus infraestructuras, el alumnado ve mermadas las medidas de atención a la diversidad o reducida la oferta formativa y el profesorado sufre recortes en sus condiciones de trabajo -el profesorado de la Formación Profesional lleva en pie de guerra desde el inicio de curso y sus demandas son ninguneadas bajo el pretexto de la escasez presupuestaria- el Gobierno de Canarias siga rebajando la presión fiscal a las clases más adineradas.

Canarias, con 1.822 € per cápita, fue el territorio con peores ingresos fiscales en 2024, frente a los 3.247 € per cápita en que se situó la media de las comunidades autónomas de régimen común. Pero eso no siempre fue así ya que en 2002, con la media situada en 1.277 €, Canarias se encontraba en cuarto puesto con 1.517 €. Es decir, que mientras la mayoría de las comunidades han duplicado o triplicado los ingresos fiscales en las últimas dos décadas, Canarias apenas los ha incrementado en un pírrico 20% -no llega al 1% anual-

En definitiva, las cifras hablan por sí solas y nos dejan muy a las claras que la prioridad para este Gobierno no es ni la Educación Pública, ni los servicios públicos, ni las personas más desfavorecidas de Canarias. Todo lo contrario, su principal y casi único interés se sitúa del lado de las rentas más altas a las que lleva más de dos décadas ahorrándoles cientos de miles de euros.

Canarias, 14 de marzo de 2025

Secretariado Nacional del STEC-IC