El STEC-IC ha solicitado datos pormenorizados a la Consejería y propondrá medidas extraordinarias para evitar despidos de profesorado canario, sin descartar la paralización de los procesos.
El Director General de Personal dio a conocer, el pasado fin de semana, el número de inscripciones a los procesos de estabilización para el personal docente en Canarias. Las cifras no pueden ser más escalofriantes, quizás por eso, en lugar de explicar los datos a los representantes del profesorado en la Mesa Sectorial, prefirió hacerlos públicos a través de los medios de comunicación.
Más de 34.600 personas se inscribieron en el concurso de méritos, casi el triple del número de docentes interinos que cuentan con al menos un día de experiencia docente en Canarias a día de hoy. Si tenemos en cuenta que este procedimiento carece de pruebas selectivas y que para optar a una plaza es casi imprescindible tener los 7 puntos de experiencia que se alcanzan a los 10 años de servicio, una antigüedad que solo un tercio del profesorado interino posee, podemos asegurar que por cada interino canario con posibilidades reales de luchar por una plaza, se han presentado 9 inscripciones, de las cuales 6 no son docentes con experiencia en Canarias, falta por saber cuántas de ellas corresponden a docentes con experiencia en otras comunidades autónomas.
En el caso del concurso-oposición, las cifras no son más halagüeñas pues, si bien puede parecer que 15.073 personas inscritas en secundaria y otros cuerpos y 12.420, en el cuerpo de maestros y maestras, son cifras similares a las de anteriores procedimientos, en realidad no lo son ya que, si las comparamos con las de los últimos años en que la participación fue obligatoria, las actuales son más elevadas a pesar de en esta ocasión no es obligatoria la participación para permanecer en lista.
Los datos anteriores nos invitan a reflexionar acerca de la oportunidad de estos procedimientos selectivos y si realmente van a servir para dar cumplimiento al fin último para el que se platearon: estabilizar a los docentes interinos que, desde hace años, se encuentra en situación de abuso de temporalidad en Canarias.
Desde que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictara sentencia condenatoria, por segunda vez, según la cual España ha venido manteniendo reiteradamente y desde hace años a la mayor parte de sus trabajadores y trabajadoras eventuales en fraude de ley por lo que el propio TJUE ha calificado como abuso de temporalidad, las distintas administraciones públicas no han parado de echarse los trastos a la cara y de hacer electoralismo a costa de un problema tan serio y delicado del que depende la estabilidad laboral de decenas de miles de interinos y el sustento económico de millares de familias.
Este problema afecta a todo tipo de empleados públicos temporales, tanto funcionarios interinos como personal laboral o estatutario no fijo de cualquiera de las administraciones del Estado, comunidades autónomas y locales pero, si hay una administración que se lleva la palma, tanto por el número de personas afectadas como por la vulnerabilidad a la que se verán sometidas debido a la poca protección que la normativa del sector les proporciona, son los docentes interinos que, debido a las sucesivas congelaciones de la Oferta Pública de Empleo (OPE) durante la crisis económica, con tasas de reposición del 0% o cercanas a dicha cifra no han podido estabilizarse en sus plazas, y dentro del sector docente, cabe destacar que Canarias ha sido siempre una comunidad con elevadas tasas de interinidad, históricamente por encima del 20%, y en ocasiones como el momento actual, superando incluso el 35%.
Cuando, en estas circunstancias, vemos que un proceso que, a raíz de las sentencias del TJUE, debía servir para estabilizar a las personas que se encuentran en situación de abuso de temporalidad, se convierte en un proceso para estabilizar plazas sin importar que las personas que desde hace años venían ocupando dichas plazas se queden en la calle, vulnerándose el mandato de la propia sentencia del TJUE, no podemos más que alzar la voz para reivindicar que se ponga remedio a esta barbaridad sin sentido que tenía que haberse regulado de otra manera y que, como hace tiempo venimos denunciando, Canarias debe plantarse ante el Estado para reclamar que se adopten las medidas que sean necesarias para garantizar que lo que debe ser un plan para estabilizar a los docentes que trabajan en Canarias no acabe convirtiéndose en un despido colectivo.
El STEC-IC ha solicitado por la vía de urgencia a la Dirección General de Personal de Educación los datos pormenorizados de inscripciones presentadas al proceso de estabilización, indicando, en el caso concreto de las más de 34.600 solicitudes para el concurso de méritos, cuántas de ellas aportan tiempo de servicios en Canarias y cuántas en otras comunidades. Y, en el caso de las más de 25.300 inscripciones al concurso-oposición, cuántas de ellas son integrantes de las listas de empleo en Canarias y cuántas de ellas tienen tiempo de servicios en dichas listas.
Del análisis de dichos datos, el STEC-IC propondrá a la Consejería de Educación y al Gobierno de Canarias medidas para evitar que el profesorado interino de Canarias pague las consecuencias de una mala gestión de un problema que nunca debió haberse provocado. En caso de que la Administración continúe mirando hacia otro lado ante el gravísimo problema que se avecina y no se garantice plenamente el cumplimiento del objetivo de la convocatoria, esto es, la estabilización del profesorado interino que presta sus servicios en los centros educativos públicos de Canarias, el STEC-IC convocará al profesorado a movilizaciones al tiempo que planteará la paralización inmediata de todos los procesos de estabilización en Canarias hasta que se den las condiciones idóneas para cumplir con el mandato del TJUE.
Canarias, 18 de enero de 2023
Secretariado Nacional del STEC-IC
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